Comentario por Ricardo Manuel Rojas
Este libro de Bruce Benson fue publicado originalmente en 1990 por el Pacific Research Institute. Existe una edición en castellano con el título Justicia sin Estado, publicada por Unión Editorial, de Madrid, en el 2000.
Benson se encuentra entre los intelectuales libertarios que buscan sustituir las intervenciones estatales por soluciones de libre mercado, y lo hace en un área donde el estatismo ha calado muy profundamente durante los últimos siglos: el derecho. En efecto, el autor recuerda al inicio de su obra la idea dominante de que la ley y la justicia deben ser monopolio del Estado y sostiene, por el contrario, que las instituciones voluntarias y de mercado pueden producir derecho, seguridad y justicia de manera más eficiente. Una crítica similar había formulado otro gran jurista, Bruno Leoni, en su obra Freedom and the Law, publicada en 1961.
Benson cuestiona tal creencia, y ello constituirá el tema principal del libro.
En tal sentido, plantea tres tesis fundamentales: 1) cuando no existe imposición estatal, el derecho se elabora espontáneamente a partir de normas sociales y acuerdos voluntarios; 2) el monopolio estatal de la justicia genera ineficiencia y abuso de poder; y 3) un sistema policéntrico de justicia privada podría funcionar mejor.
Para abordar estos puntos, el autor se basa en la teoría económica, el análisis institucional y la evidencia histórica. Su objetivo central es mostrar que los sistemas legales privados han existido y funcionado durante la mayor parte de la historia, y que la provisión del servicio de justicia puede encararse como una actividad empresarial o de mercado.
Comienza mencionando ejemplos históricos de sistemas jurídicos que surgieron y se desarrollaron sin intervención estatal, como el derecho consuetudinario anglosajón temprano, el derecho mercantil de los puertos del Mediterráneo durante la Edad Media (lex mercatoria) o diversos órdenes legales de comunidades tribales.
Estos sistemas se basaban en normas consuetudinarias, donde las reglas surgían gradualmente de la práctica social y la experiencia. Las decisiones se orientaban hacia la restitución a la víctima en lugar del castigo al culpable y desarrollaban incentivos para el cumplimiento de las normas, como la exclusión social, el boicot comercial o la pérdida de reputación. En definitiva, funcionaban porque los individuos tenían incentivos para cooperar y resolver conflictos pacíficamente.
Benson explica cómo, a partir de ese origen privado y espontáneo, el Estado fue desplazando gradualmente a los sistemas de derecho voluntario. Ese proceso incluyó la centralización del poder político y el monopolio de la coerción y de la legalidad, hasta transformar el derecho en un instrumento del gobierno. Como consecuencia, el derecho dejó de ser consuetudinario para convertirse en legislado; la justicia pasó de servir a las víctimas a servir al Estado; y el castigo estatal reemplazó a la restitución.
Esta transformación no ocurrió por razones de eficiencia, sino porque los gobernantes tenían incentivos para monopolizar el poder legal, ya que el sistema judicial podía utilizarse para recaudar recursos y controlar a la población.
Utilizando conceptos de public choice, Benson explica que, a partir de la estatización del derecho, los políticos diseñan políticas públicas y los grupos de interés demandan beneficios, de modo que el derecho termina sirviendo no para maximizar la justicia, sino para satisfacer intereses sectoriales. En este sentido, desarrolla un análisis de la oferta y la demanda de legalidad por parte de distintos sectores y de su influencia sobre los políticos.
Asimismo, desde el análisis económico, explica cómo el monopolio estatal del derecho genera corrupción y abuso de poder. Aparecen la discrecionalidad, el prevaricato judicial y diversos incentivos perversos. La consecuencia es un sistema en el que los tribunales no tienen incentivos para maximizar la seguridad ni la justicia.
Benson sostiene que en los últimos tiempos asistimos a un resurgimiento de las soluciones jurídicas privadas. Han proliferado las agencias de seguridad privada, las prisiones privadas y los mecanismos de mediación y arbitraje, en la medida en que el Estado no satisface adecuadamente la demanda de seguridad y justicia. Estas instituciones ya están reemplazando parcialmente al Estado en esas funciones.
Las soluciones privadas ofrecen ventajas como rapidez, especialización y menores costos. Por ello, empresas e individuos prefieren estos mecanismos cuando tienen la posibilidad de elegirlos.
En la parte IV del libro, Benson examina las críticas habituales al derecho privado, como los problemas del free rider, los monopolios, los bienes públicos, el acceso desigual a la justicia o la violencia entre agencias. Al respecto, argumenta que estos problemas no solo existen también en el ámbito estatal, sino que pueden resolverse con mecanismos de mercado, como contratos, seguros, arbitraje y sistemas de reputación.
En el capítulo final describe cómo podría funcionar un sistema de justicia completamente privado, articulado mediante agencias de protección, tribunales de arbitraje, seguros y mecanismos reputacionales. El orden jurídico resultante sería policéntrico, con múltiples proveedores compitiendo por ofrecer justicia y seguridad.
En consecuencia, concluye que la justicia no necesita ser monopolio del Estado. Los sistemas voluntarios funcionaron históricamente y las instituciones de mercado pueden producir derecho de manera eficiente. El derecho surge de acuerdos voluntarios y de la competencia institucional.
Benson parte de la constatación histórica de que el derecho es anterior al Estado. Muchos sistemas jurídicos surgieron antes de la creación del Estado moderno y evolucionaron eficazmente sin necesidad de normas impuestas por una autoridad política. Por otra parte, formula una crítica a los sistemas legales contemporáneos, señalando problemas como la burocratización de la justicia, la politización del derecho, la captura regulatoria y la falta de incentivos para proteger a las víctimas. Tales fallas no son accidentales, sino estructurales, y derivan del monopolio estatal.
Como alternativa, Benson ofrece uno de los primeros modelos sistemáticos de orden legal policéntrico, en el que coexisten distintas fuentes de producción de soluciones jurídicas, tales como agencias privadas de protección, tribunales de arbitraje, sistemas de seguros, redes de reputación.
Benson contribuye así a cuestionar límites que durante mucho tiempo fueron considerados incuestionables y que definían el ámbito en el cual la intervención estatal parecía inevitable. En el siglo XIX, Gustave de Molinari mostró que el mercado puede proveer servicios privados de seguridad de manera más eficiente que el Estado. Rothbard perfeccionó esta propuesta en la segunda mitad del siglo XX. Benson tomó uno de esos servicios —el derecho y la justicia— y avanzó decididamente con argumentos sólidos.
Desde esta perspectiva, el libro puede considerarse un aporte esencial para continuar el camino iniciado dos décadas antes por Rothbard y otros autores que propusieron sistemas de mercado en reemplazo del concepto tradicional de Estado monopólico y coercitivo.
Rothbard sembró la semilla de la visión anarcocapitalista, pero sus propuestas requerían una profundización con mayor rigor científico. En el ámbito jurídico, Benson ofreció una propuesta sólida que, desde entonces, se ha convertido en punto de partida para numerosos estudios sobre el tema.
